El municipio de Getafe se prepara para llevar a los tribunales una controvertida decisión de la Mancomunidad del Sur, tras conocerse la intención de adquirir varias parcelas destinadas a prolongar la operación del vertedero de Pinto por dos décadas más. El coste de esta transacción ha generado un revuelo significativo, ya que el precio propuesto supera en un 500% el valor tasado originalmente. Las autoridades municipales han manifestado su firme oposición y anunciado que, de aprobarse la operación, iniciarán acciones legales por considerar insuficiente la justificación técnica, económica y jurídica de la misma.
La adquisición de parcelas entra en conflicto directo con los acuerdos establecidos en la legislatura anterior. Se había pactado que la actual sería la fase final de uso del vertedero de Pinto, con planes para reubicar el siguiente vaso de residuos en localidades del oeste. No obstante, la Mancomunidad del Sur, respaldada por la Comunidad de Madrid, planea continuar depositando los residuos en el sur, lo que desafía los compromisos previos y las expectativas de una gestión más equitativa de los desechos.
El descontento de Getafe también se aviva por otras acciones discutibles en la asamblea de la Mancomunidad. Entre ellas, destaca por primera vez la designación de personal de confianza, con un impacto económico superior a los 100.000 euros anuales. Además, la intención del actual presidente de la Mancomunidad, Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva, de usar vehículos oficiales ha incrementado la controversia respecto a la gobernanza y el uso de recursos públicos.
Las críticas se agudizan al recordar que el vertedero ya afecta a zonas de Getafe. Esta situación se remonta a una gestión de 2012, en la que el entonces alcalde del Partido Popular, Juan Soler, eligió no presentar objeciones a la ampliación del vertedero, perjudicando tanto al municipio como al entorno ecológico.
El Gobierno local de Getafe ha reafirmado su posición en contra de las decisiones actuales, subrayando la falta de consultas al municipio en cuanto a la nueva fase del vertedero. La situación, cargada de tensiones políticas y preocupaciones ambientales, pone de manifiesto un conflicto que no solo afecta a las administraciones involucradas, sino también a las comunidades locales y al manejo sustentable de residuos en la región.
