En un nuevo frente legal, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha interpuesto un recurso de alzada para desafiar la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada a la empresa Corrugados. Esta decisión, tomada por el gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de críticas por parte del Ayuntamiento de Getafe, que argumenta no haber recibido respuesta a sus alegaciones, lo que consideran un acto que genera indefensión entre los ciudadanos.
La disputa se centra, entre otros aspectos, en las molestias por ruido que soportan los vecinos de los barrios de Juan de la Cierva y Los Molinos. A pesar de que la Consejería de Medio Ambiente ha reconocido la afectación en el proceso de tramitación de la AAI, el gobierno regional no ha procedido a sancionar estas infracciones. Esta situación se ve agravada por sentencias judiciales que han limitado las acciones del Ayuntamiento para abordar dichas quejas.
Además, un informe emitido por la Universidad Carlos III reitera que la AAI debería contemplar todas las condiciones de la actividad de la empresa, tanto en zonas industriales como residenciales. Sin embargo, el gobierno regional parece hacer caso omiso de este documento, así como de las normativas judiciales, al permitir que Corrugados continúe sus operaciones sin las restricciones necesarias, particularmente en horarios nocturnos.
Las preocupaciones del Ayuntamiento no terminan ahí. Existen reclamos sobre la gestión inadecuada de la chatarra, las emisiones difusas, y los olores generados por la actividad de la empresa, que según el consistorio, la Comunidad de Madrid ha ignorado sistemáticamente. Esta autorización, sostienen desde el gobierno municipal, es un cheque en blanco para que la empresa continúe sus operaciones sin abordar los problemas medioambientales y de salubridad que afectan a los residentes.
En este contexto, el Ayuntamiento de Getafe busca una revisión exhaustiva y responsable de la AAI que contemple de manera integral todos los impactos de la actividad de Corrugados. El recurso interpuesto es un llamado de atención a las autoridades regionales para que actúen conforme a las normativas legales y ambientales vigentes, garantizando así el bienestar de la comunidad local.
