En un contexto de creciente frustración, el Gobierno Municipal de Getafe ha manifestado su profundo descontento con la implementación del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, exponiendo una serie de demandas que buscan reparar los numerosos problemas que han afectado a los vecinos recién instalados bajo este esquema. La exigencia no solo se dirige a las empresas adjudicatarias, sino también al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, instando al cumplimiento de la ley y la compensación económica por las dificultades sufridas.
La controversia se intensificó a principios de febrero cuando cerca de veinte inquilinos, que forman parte del Plan Vive, experimentaron un corte de electricidad debido a que la compañía suministradora identificó enganches ilegales a la red. Este incidente dejó sin calefacción y aerotermia a varias viviendas durante días, lo cual no es un hecho aislado, ya que los residentes también han reportado goteras en áreas comunitarias, trasteros y garajes. Todo esto ha ocurrido en residencias que fueron entregadas apenas semanas antes.
Sin respuestas del consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, y ante la falta de apoyo del gobierno regional, la alcaldesa del municipio organizó una reunión entre los vecinos afectados y las empresas responsables. Este esfuerzo buscaba abordar directamente los defectos de las viviendas y encontrar soluciones inmediatas a problemas que, según los vecinos, fueron desestimados por las autoridades competentes.
Además de las condiciones precarias de las viviendas, se criticaron varias cláusulas del contrato que los vecinos consideran abusivas. Entre ellas, el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y los gastos de la comunidad de vecinos, así como la inscripción de los suministros, obligaciones que consideran deberían ser responsabilidad de los propietarios. Los inquilinos también señalaron que la actualización de la renta no sigue el Índice de Precios al Consumo (IPC) cuando ello podría beneficiarlos.
La administración local no solo demanda que se resuelvan estos inconvenientes inmediatos, sino que también está presionando para que el Plan Vive cumpla con su promesa de ser accesible para la mayoría de las familias trabajadoras de Getafe. En la actualidad, los requisitos financieros y los criterios de elegibilidad del Plan excluyen a un amplio segmento de la población, a pesar de que las viviendas se han construido en terrenos públicos pertenecientes a la Comunidad de Madrid.
Desde el año en curso, la alcaldesa ha solicitado que se aplique la Ley de Vivienda, especialmente en cuanto a la limitación de precios en las llamadas zonas tensionadas, una categoría que incluye a Getafe. Si esta normativa fuera adoptada, los precios del Plan Vive deberían ajustarse a los límites establecidos, los cuales, hasta ahora, son sobrepasados. En esencia, la demanda es doble: se exige tanto una reparación inmediata de los defectos actuales como una revisión estructural de la política de vivienda que asegure accesibilidad y equidad para todos los residentes de Getafe.
