El fiscal general del Estado ha presentado su defensa en el juicio en el que se le acusa de presunta revelación de secretos. En su escrito, el fiscal argumenta que no existe evidencia suficiente para sostener las acusaciones en su contra, destacando que unas 600 personas dentro de la Fiscalía tenían acceso a la información considerada confidencial. Esta afirmación busca cuestionar la viabilidad de que él sea el único responsable de una posible filtración, resaltando la amplia distribución del material en cuestión.
La materia del juicio se centra en determinar si el fiscal violó su deber de confidencialidad al permitir que información sensible fuera divulgada sin autorización. La defensa sostiene que el acceso masivo dentro de la propia Fiscalía dificulta identificar la fuente de la supuesta revelación. En este contexto, el fiscal ha subrayado la necesidad de fortalecer los protocolos de manejo de datos sensibles para prevenir futuras brechas de seguridad. El juicio continúa su curso, con la expectativa de nuevas revelaciones sobre el manejo interno de información clasificad.
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