El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado categóricamente en una entrevista televisiva que no está «ni investigado ni imputado» por el Tribunal Supremo, a pesar de las recientes informaciones que sugieren lo contrario. El tribunal ha emitido un auto, que se hizo público por la mañana, en el que implica a García Ortiz en un posible delito de revelación de secretos vinculado a la filtración de correos electrónicos. Estos correos supuestamente contenían información sobre un caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien es investigado por fraude fiscal y falsedad documental. El fiscal general ha defendido que no filtró ningún mensaje y ha enfatizado su desconocimiento previo de los correos hasta que un medio de comunicación obtuvo acceso a ellos. Asimismo, García Ortiz ha desmentido las acusaciones de que estaba tratando de llegar a un acuerdo con González Amador para evitar una pena de prisión.
García Ortiz también se ha pronunciado sobre su decisión de no dimitir, a pesar de las exigencias del Partido Popular, argumentando que su acción fue impulsada para desmentir «un bulo» que podría comprometer la labor de la Fiscalía. Ha reiterado que la emisión de la nota de prensa en marzo fue una respuesta institucional necesaria para contrarrestar la desinformación. A pesar de las acusaciones, García Ortiz sostiene que la profesionalidad de los jueces es «intachable» y ha subrayado su intención de defender la integridad de las instituciones. En relación con el contexto político, ha manifestado sentirse en una posición vulnerable frente a ataques mediáticos y políticos, pero ha insistido en que su papel requiere mantener la neutralidad e imparcialidad. Por otro lado, desde el gobierno, han manifestado su respaldo a García Ortiz, esperando que su imputación no prospere. Esta situación inédita plantea un desafío para el Supremo, que deberá esclarecer el origen de las filtraciones.
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