La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha iniciado una campaña de colaboración para reunir los 17.200 euros que el Tribunal Supremo ha impuesto al ex fiscal general del Estado. Esta medida ha surgido tras considerarse que la sanción económica es desproporcionada y como un gesto de apoyo hacia el exfiscal, quien a lo largo de su carrera ha contribuido significativamente al ámbito judicial español. El llamado a la solidaridad se ha difundido entre miembros del gremio y simpatizantes de la justicia, buscando movilizar recursos para cubrir los costos impuestos, que muchos consideran injustos en relación con la labor desempeñada.

La campaña no solo busca recaudar fondos, sino también llamar la atención sobre lo que la UPF describe como un sistema judicial que puede resultar intimidante para sus propios defensores. La iniciativa ha despertado diversas reacciones en la comunidad judicial y política, generando un debate sobre la imparcialidad y la independencia judicial. La UPF ha enfatizado que esta acción no es solo un respaldo económico, sino una declaración en contra de medidas que consideran un intento de silenciar voces críticas dentro del sistema. La respuesta a la campaña, que ha comenzado a cobrar impulso, será un barómetro del apoyo al ex fiscal y de la cohesión del colectivo de fiscales ante decisiones percibidas como arbitrarias.

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