CCOO, UGT y CSIF han intensificado su presión sobre el Gobierno para abordar varias demandas laborales en la Administración General del Estado. Entre sus principales exigencias se encuentra la subida salarial pendiente, que consideran esencial para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Las organizaciones sindicales insisten en que esta medida es crucial para mantener la motivación y eficiencia de los trabajadores del sector público. Además, subrayan la necesidad de implementar la jubilación parcial, permitiendo que los empleados más cercanos a la edad de retiro puedan reducir su carga laboral sin perder beneficios.
Otra de las reivindicaciones centrales es el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas, una medida que, según los sindicatos, mejoraría la conciliación laboral y familiar y permitiría una mayor creación de empleo. Este paquete de exigencias ha sido presentado en un contexto de negociación colectiva, donde las partes buscan acordar mejoras significativas en las condiciones laborales. Los sindicatos han advertido que, de no recibir una respuesta favorable, podrían considerar convocar movilizaciones para visibilizar su descontento y presionar al Ejecutivo para que actúe con celeridad.
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