El reciente escándalo en la Fiscalía General de la República (FGR) surgió tras el descubrimiento de que una tonelada de cocaína incautada en Guerrero fue sustituida por leche en polvo antes de su incineración. La maniobra provocó la destitución de varios funcionarios, incluyendo al contralor, Arturo Serrano Meneses. Las investigaciones apuntan a una red de corrupción dentro de la FGR, involucrando a funcionarios que supuestamente se apropian de cargamentos de droga para luego distribuirlos a terceros. El caso adquiere un matiz político, ya que entre los implicados se encuentra un familiar de Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez y figura del Partido Acción Nacional (PAN), lo que ha intensificado las tensiones entre este partido y Morena.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum han destacado la importancia de continuar con la investigación. Mientras tanto, Serrano y su equipo enfrentan acusaciones por cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia. Mientras la FGR sigue intentando esclarecer el paradero de la cocaína, el escándalo también ha provocado enfrentamientos políticos. Diputados panistas han cuestionado la legalidad de las destituciones, sugiriendo que el procedimiento correcto no se siguió. Este caso no solo evidencia una problemática interna de corrupción, sino también el uso de la situación para ataques políticos entre partidos y destaca la complejidad de los vínculos entre el narcotráfico y la política en México.
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