La crisis política en Corea del Sur continúa intensificándose tras los intentos fallidos de arresto del presidente suspendido Yoon Suk-yeol por parte de la agencia anticorrupción del país. La orden de detención fue emitida el pasado martes después de que Yoon esquivara citaciones judiciales relacionadas con la polémica declaración de la ley marcial a principios de diciembre. Aunque investigadores lograron sortear las manifestaciones de apoyo al presidente en las afueras de su residencia, una unidad militar impidió su avance, subrayando la tensa situación política y social que atraviesa la nación asiática. La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) busca trasladar al mandatario para ser interrogado y posteriormente detenido en el Centro de Detención de Seúl. Más de 1.000 simpatizantes se aglomeraron en las inmediaciones, mientras que la policía, con un despliegue de 2.700 efectivos, intentaba prevenir posibles enfrentamientos.
Este escenario se desarrolla en un contexto de creciente pugna política tras la destitución de Yoon el 14 de diciembre y la subsiguiente suspensión de Han Duck-soon, primer ministro y, hasta hace poco, presidente en funciones. La reciente designación de dos nuevos magistrados por parte del interino Choi Sang-mok, quien buscaba aliviar la incertidumbre política, también ha sido criticada, incluso por su propio partido. La nación observa tensa la evolución de los acontecimientos, dado que el Tribunal Constitucional aún debe decidir sobre la constitucionalidad de las acciones de Yoon y su posible destitución definitiva. Mientras tanto, el país enfrenta la posibilidad de una nueva crisis económica, agravada por el inesperado decreto de ley marcial, que puso a la joven democracia surcoreana ante uno de sus mayores desafíos desde su establecimiento.
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