En Siria, el reciente derrocamiento del régimen de Bachar el Asad por parte de la milicia Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ha transformado profundamente el panorama político del país. Las filas que antes se formaban en las panaderías ahora se trasladan a las comisarías, donde antiguos soldados y oficiales del antiguo régimen se presentan en busca de una amnistía. Este proceso, que ha comenzado tras la caída de Damasco, implica la entrega de identificaciones, armas y vehículos por parte de los militares del régimen derrocado. En lugares emblemáticos del antiguo régimen, como Latakia, el número de personas intentando regularizar su situación evidencia el nuevo orden que HTS está instaurando, solicitando la desmilitarización completa de las fuerzas afines al anterior gobierno represivo.
La medida, dirigida a recoger las numerosas armas ligeras que dejó años de guerra civil, busca establecer un control absoluto del nuevo Estado sobre el armamento del país. Mientras tanto, líderes como Ahmed al Shara, conocido anteriormente como Al Julani, enfatizan en no permitir la posesión de armas fuera del control gubernamental. Sin embargo, la amnistía no es automática; una vez entregado su arsenal, los soldados deberán esperar meses para conocer su destino tras una investigación que determine si cometieron crímenes de guerra. Este proceso no ha estado exento de controversia, especialmente por la posibilidad de reintegración de figuras destacadas del antiguo régimen, quienes han sido acusadas de brutales represiones en el pasado, generando preocupación entre activistas de derechos humanos.
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