Desde diciembre, los tasadores hipotecarios en España llevan en huelga, reclamando mejoras en sus condiciones laborales en medio de un contexto en el que las entidades bancarias alcanzan beneficios récords año tras año. La protesta, liderada por Francisco Riaza, presidente de la Asociación Española de Tasadores Inmobiliarios, revela las dificultades que enfrentan quienes ejercen esta crucial labor en el mercado inmobiliario y financiero del país.
El trabajo del tasador, además de determinar el valor de una propiedad, implica una serie de comprobaciones exhaustivas: verificar la situación jurídica, urbanística, constructiva y estado de conservación del inmueble, así como contrastar datos en registros como el catastro o el registro de la propiedad. Todo este proceso exige una alta cualificación técnica, con profesionales que en su mayoría actúan en calidad de autónomos, específicamente como colaboradores de sociedades de tasación homologadas por el Banco de España.
Durante la entrevista, Riaza explicó que los tasadores deben afrontar cargas de trabajo cada vez mayores, pese a que sus honorarios están en descenso en términos reales. Desde la crisis de 2008, señala, los honorarios se han reducido en un 30% en valor nominal, mientras que los requerimientos de información y los procedimientos se han intensificado. «Las entidades financieras aprietan cada vez más, e incluso la competencia entre sociedades fomenta bajadas de precios que perjudican directamente a los profesionales autónomos», explicó.
Un aspecto central en la problemática es la precarización de los tasadores, quienes, al ser mayoritariamente autónomos, no gozan de derechos laborales sólidos. La falta de un marco regulatorio que garantice un mínimo de protección ha llevado a la situación actual, en la que la mayoría siente que su trabajo se ha convertido en una forma de «esclavitud moderna», con remuneraciones por debajo del salario mínimo y sin estabilidad laboral. La huelga busca, entre otras cosas, establecer un acuerdo de colaboración que formalice derechos y establezca un límite mínimo para sus honorarios.
El contexto económico también afecta la percepción del trabajo del tasador. Durante la pandemia y la recuperación económica posterior, los precios de la vivienda han subido notablemente, pero según Riaza, los cambios en los valores de tasación no corresponden a una subida artificial, sino que reflejan el mercado real. La diferencia radica en que el tasador recopila datos del mercado y los traslada al informe, sin influir en las cifras.
En cuanto a la metodología, explicó que la localización del inmueble es uno de los criterios más relevantes. La calidad del barrio, la orientación, el estado de conservación y las reformas recientes son factores determinantes para establecer el valor, además del segmento al que se dirige la propiedad —ya sea una vivienda de lujo o un piso modesto—.
Las sociedades de tasación recurren principalmente a autónomos para realizar las tasaciones, asignándoles trabajos según la demanda. Sin embargo, la flexibilidad en la asignación, que podría parecer una ventaja, termina traduciéndose en una precarización laboral, pues la remuneración no se ajusta a la carga de trabajo o al volumen de operaciones.
Las causas del deterioro en los salarios de los tasadores se remontan a la crisis de 2008, cuando las reducciones en honorarios y mayor carga de trabajo se hicieron evidentes. La entrada de fondos de inversión y la competencia desleal entre sociedades agravaron la situación, en un mercado donde los beneficios de los bancos parecen no haber mermado, a diferencia de las condiciones laborales de los tasadores.
El movimiento de huelga, en marcha desde diciembre, ha restringido la tasación de cartera, un producto fundamental para la tramitación de hipotecas, aunque en las últimas semanas no ha generado un impacto significativo en los procesos de firma de créditos, dado que la menor actividad en ese período limita las operaciones afectadas.
Por ahora, los profesionales no excluyen la posibilidad de continuar con la protesta indefinidamente si no se alcanzan acuerdos. La demanda principal es la creación de un marco regulatorio que garantice una protección mínima, además de establecer unos honorarios justos que reflejen el valor del trabajo realizado.
En conclusión, la huelga de los tasadores revela una problemática estructural que combina precarización laboral, competencia desleal y presión por parte de las entidades financieras, en un momento en el que la valorización del mercado inmobiliario debería ir acompañada de unas condiciones laborales dignas para quienes certifican esos valores. La resolución de este conflicto pasa por el reconocimiento de la labor profesional y la creación de un marco que garantice estabilidad y justicia para estos profesionales esenciales en el sector.
