Pavel Durov, fundador de Telegram, enfrenta sospechas de no haber tomado medidas adecuadas para evitar el uso de la plataforma con fines criminales. La polémica gira en torno a la capacidad de Telegram para permitir comunicaciones encriptadas, lo que ha sido señalado como un posible facilitador de actividades ilegales. La situación ha generado un debate sobre la responsabilidad de las empresas de tecnología en la detección y prevención de delitos en sus plataformas.
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