El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha enfrentado un duro revés tras el fracaso en la comisión mixta parlamentaria, integrada por diputados y senadores, para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto para 2026. Esta falta de consenso sitúa nuevamente a Francia ante una crisis política que lleva un año en desarrollo. Con la fecha límite para la aprobación del presupuesto en la Asamblea fijada para el próximo martes, y el plazo para su promulgación el 31 de diciembre, Lecornu se ve obligado a activar un plan alternativo. Este plan incluye presentar una ley especial con el fin de asegurar el funcionamiento básico del Estado y garantizar el pago de salarios, aunque con un alcance limitado para abordar el déficit actual del 5.4%, una cifra significativamente superior al 3% que Bruselas exige para 2029.

El desacuerdo evidencia las profundas divisiones que persisten en el Parlamento francés, fragmentado desde las elecciones de 2022. A pesar de haber obtenido el apoyo de los socialistas para aprobar previamente el presupuesto de la seguridad social, las tensiones entre los partidos han imposibilitado un consenso más amplio. Olivier Faure, líder socialista, ha acusado a los Republicanos de obstaculizar el progreso, mientras que estos consideran que el presupuesto propuesto habría intensificado el endeudamiento del país. La situación plantea un escenario complicado para Lecornu, quien prometió no usar el polémico artículo 49.3 de la Constitución que permite aprobar leyes por decreto, sin votación parlamentaria. Ante esta crisis, Lecornu ha convocado a los líderes de los partidos para buscar una solución y evitar que Francia se sumerja en mayores problemas económicos, especialmente en un contexto donde la deuda ya alcanza el 117% del PIB.

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