En un clima de creciente tensión política y económica, el primer ministro francés, François Bayrou, presentó un audaz plan de recortes para reducir la deuda del país, que actualmente supera los 3,3 billones de euros. El plan, que prevé un ahorro de 43.800 millones de euros para 2026, incluye medidas severas como la congelación de pensiones, la eliminación de puestos de trabajo público y un aumento de impuestos. Sin embargo, la fragmentación del Parlamento tras las elecciones legislativas y la escasa popularidad del plan colocan a Bayrou en una situación precaria, enfrentándose a una posible moción de censura. El presidente Emmanuel Macron ha respaldado el plan, describiéndolo como “valiente”, aunque su propio historial de reformas económicas no ha cumplido con las expectativas.
Francia se encuentra en un punto crítico, con altos niveles de pobreza e inequidad que evidencian el deterioro del Estado del bienestar. Las cifras más recientes muestran que el 20% más rico de la población acapara gran parte de los ingresos, mientras que la tasa de pobreza se ha disparado. En este contexto, las medidas propuestas por Bayrou buscan frenar el endeudamiento masivo, aunque enfrentan críticas por su falta de ambición estructural y los riesgos económicos que podrían acarrear. A medida que el país busca su camino para salir de la crisis, el destino de estas reformas y quién las ejecutará permanece incierto, mientras el descontento social y las divisiones políticas continúan agravándose, reflejando la urgencia de una solución sostenible que aún se vislumbra lejana.
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