Francia se enfrenta a una de sus crisis políticas más graves en décadas debido a las dificultades del primer ministro Michel Barnier para obtener el apoyo necesario en la Asamblea Nacional y aprobar el presupuesto del próximo año. En un escenario sin precedentes desde la creación de la Quinta República en 1958, el país podría quedar sin un presupuesto aprobado, lo que afectaría a unos seis millones de funcionarios y provocaría una crisis política sin posibilidad de elecciones anticipadas hasta el verano. La situación de Barnier se complica debido a la falta de mayoría parlamentaria, el rechazo del bloque de izquierdas a los recortes presupuestarios propuestos y la negativa de Marine Le Pen, líder del partido derechista Agrupación Nacional, a aceptar medidas que reduzcan el nivel adquisitivo de los franceses.
Marine Le Pen ha amenazado con hacer caer al gobierno de Barnier si no se introducen cambios en el proyecto de ley de presupuestos, oponiéndose a aumentos de impuestos sobre la electricidad y exigiendo un incremento en las pensiones estatales. A esta presión política se suma su enfrentamiento judicial por presunta malversación de fondos europeos, lo que podría inhabilitarla para las futuras elecciones presidenciales. Mientras tanto, la incertidumbre política ha generado desconfianza entre los inversores, quienes ahora exigen mayores primas de riesgo para adquirir deuda francesa, y ha fijado la atención en la alta deuda nacional, que representa el 110% del PIB. Con el tiempo en contra y un posible colapso del gobierno, Francia podría afectar no solo su economía, sino también la estabilidad del euro en toda la Unión Europea.
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