El presidente del Gobierno de España ha propuesto a las comunidades autónomas implementar medidas para controlar la expansión de los centros privados de Formación Profesional (FP). Esta iniciativa busca replicar el modelo aplicado anteriormente para regular el crecimiento de las universidades privadas en el país. La intención es asegurar estándares de calidad y evitar una saturación que pueda comprometer la oferta educativa pública. La propuesta ha generado un debate entre las autoridades autonómicas, algunas de las cuales argumentan que los centros privados son necesarios para complementar la oferta pública y adaptarse a las demandas del mercado laboral.
En el contexto de esta medida, el gobierno central busca fomentar una Formación Profesional de calidad que esté en línea con las necesidades actuales del mercado. La iniciativa intenta equilibrar el impulso de una FP moderna y accesible sin que ello signifique una excesiva dependencia del sector privado. Las comunidades autónomas están evaluando el impacto de la medida, considerando tanto las variantes económicas como educativas. Mientras unas regiones se muestran receptivas al diálogo, otras expresan preocupación por posibles limitaciones a la libertad de elección para los alumnos y las familias.
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