El criterio de ordinalidad en la financiación autonómica podría traer consigo importantes cambios en el reparto de fondos en España. Según un análisis del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, la Comunidad de Madrid sería la región más beneficiada, debido a su alta recaudación por IRPF en contraste con las transferencias recibidas. Esta comunidad se encuentra en el primer lugar en recaudación, pero en el fondo de la lista en términos de fondos recibidos por habitante, con una diferencia de 17 posiciones entre ambas.
Además de Madrid, otras comunidades que saldrían favorecidas son Baleares y Cataluña, consideradas financiadoras netas del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Baleares, que actualmente ocupa el sexto lugar en recaudación pero el 16 en transferencias, corregiría su posición en 10 lugares. Cataluña, por su parte, mejoraría en nueve posiciones, al ser la segunda que más recauda pero la undécima en transferencias.
El nuevo sistema también beneficiaría, aunque en menor medida, a Aragón y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, otras comunidades del régimen común se verían perjudicadas, especialmente Extremadura, Canarias y Asturias, que verían un ajuste negativo en sus posiciones actuales de recaudación y recepción de transferencias.
El análisis de Gestha destaca que, a pesar de las evidentes diferencias en recaudación y transferencias, el principio de ordinalidad no fue abordado explícitamente en el acuerdo reciente firmado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. El documento subraya la importancia de que Cataluña contribuya a los gastos del Estado y a la solidaridad entre comunidades.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, aclara que Madrid acumula mayores beneficios porque muchas grandes fortunas están asentadas allí. Sin embargo, advierte sobre la complejidad de implementar un nuevo modelo de financiación, considerando la actual tensión política. Señala que el Gobierno central deberá llevar a cabo negociaciones multilaterales y diseñar cambios legales sin riesgos de inconstitucionalidad para ceder la gestión del IRPF, asegurando el respaldo parlamentario necesario para su aprobación.
Fuente: Gestha
