En un encuentro reciente, el Consejo General de Economistas (CGE) expresó una fuerte crítica hacia el nuevo Impuesto Complementario a la Transmisión de Inmuebles de No Residentes en la Unión Europea. Según el organismo, esta medida provocará que los compradores extracomunitarios paguen el doble del valor de la propiedad. Por ejemplo, si una vivienda se vende por 600.000 euros, el desembolso real será de 1,2 millones debido al impuesto adicional de 600.000 euros, aunque en Madrid se podría descontar una parte gracias al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Los economistas calificaron el gravamen de «locura» y «arancel», argumentando que penaliza las inversiones de extranjeros extracomunitarios que desean adquirir residencias estacionales en España. La problemática, según ellos, no reside en que los ricos compren propiedades, sino en la falta de viviendas disponibles en ciertas regiones.
Esta medida ha recibido críticas desde su anuncio por parte del presidente Sánchez, no solo por su naturaleza cosmética, sino por su limitada influencia. De las 600.000 transacciones de 2024, únicamente 27.000 son afectadas por este impuesto, generalmente referidas a propiedades de lujo que no abordan el problema habitacional de fondo.
Además, ni los economistas ni los técnicos de Hacienda consideran que las medidas gubernamentales en alquiler vayan a incentivar el mercado. Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, advierte que las reducciones fiscales vinculadas a rebajas del alquiler no compensarán a la mayoría, salvo excepciones específicas. Particularmente favorecidos resultarían aquellos propietarios con ingresos superiores a 24.000 euros que alquilen a jóvenes en áreas no conflictivas.
El CGE también prevé que la obligatoriedad de una rebaja mínima del 5% en cada nuevo contrato podría llevar a una reducción sostenida del precio, lo que desincentivaría a los propietarios con alta rotación de inquilinos a aplicar la medida.
Desde Hacienda, las críticas se extienden hacia lo que califican de propuesta discriminatoria, acusando que beneficia a los propietarios de viviendas vacías llevadas al mercado, quienes no enfrentan la misma exigencia de reducción de renta.
La propuesta del partido socialista incluye un nuevo abanico de deducciones en el IRPF para arrendadores, que varían del 100% al 50% bajo ciertas condiciones, evidenciando un beneficio significativo particularmente para aquellos con rentas más altas. En áreas residenciales tensionadas, los propietarios podrían obtener ahorros considerables al arrendar por primera vez.
En síntesis, las reformas propuestas en la fiscalidad inmobiliaria y del alquiler están provocando un intenso debate, con opiniones divididas sobre su impacto real y su capacidad de abordar las problemáticas profundizadas del mercado de la vivienda.
Fuente: Gestha
