El Ministerio de Hacienda, a través de su cuerpo técnico conocido como Gestha, ha lanzado una advertencia urgente ante el preocupante incremento del 18% en las denuncias por corrupción y fraude en la contratación pública en España. En un intento por frenar esta tendencia, los técnicos han elaborado una serie exhaustiva de 25 recomendaciones dirigidas al Gobierno, centradas en reforzar la transparencia y endurecer las medidas contra los condenados por corrupción.
Entre las sugerencias más destacadas, resaltan la publicación anual de un listado con las personas condenadas por delitos de corrupción, que incluiría casos de financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, cohecho y otros delitos severos. Esta medida busca no solo sancionar a los responsables, sino también elevar la conciencia ciudadana sobre el impacto del despilfarro de recursos públicos.
Los técnicos proponen cambios legislativos cruciales, como la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar decisiones discrecionales y promover la toma de decisiones en órganos colegiados. Además, sugieren que se endurezcan las consecuencias para las empresas condenadas, extendiendo prohibiciones para contratar en todo el sector público y no solo en el ámbito donde ocurrió el delito.
La publicación recomienda evitar que los pliegos administrativos y técnicos sean externalizados y aboga por el establecimiento de un régimen de responsabilidades más estricto para los gestores de gasto público. También se busca una mayor transparencia en las finanzas de los partidos políticos y un sistema de sanciones en caso de incumplimiento.
Como prevención, Gestha insta a la aprobación de una Estrategia Nacional de Antifraude, apoyada por un Sistema de Alertas Rápidas, fortaleciendo así la protección a denunciantes y aunando esfuerzos entre las agencias antrifraude.
Las propuestas organizativas incluyen el aumento de personal técnico en la IGAE y agencias antifraude, además de la creación de nuevas oficinas en varias comunidades autónomas y municipios. Estas oficinas estarían destinadas a investigar y sancionar irregularidades de manera eficiente, asegurando la autonomía en su operación.
Por último, Gestha enfatiza la importancia de una colaboración efectiva entre los órganos de control fiscal y el Tribunal de Cuentas, buscando así un control más riguroso y coordinado que pueda prevenir la corrupción desde sus etapas más tempranas.
Esta batería de medidas busca impulsar un cambio significativo en la lucha contra el fraude y la corrupción, promoviendo una cultura de responsabilidad y transparencia en la gestión pública de España.
Fuente: Gestha
