El crimen organizado representa un desafío crítico en América Latina, una región donde esta problemática alcanza niveles alarmantes debido a la impunidad y la corrupción. La Convención de Palermo, un importante instrumento internacional desde 2003 para combatir delitos graves, no ha sido suficiente para contrarrestar el avance de estas organizaciones. Estrategias simplistas como aumentar el número de cárceles, o modelos autocráticos como el de Nayib Bukele, han demostrado ser ineficaces y erosionar derechos democráticos sin abordar el núcleo del problema. Más allá de enfoque jurídico, se requiere una respuesta sustantiva, enfocada en el fenómeno estructural y coordinada a nivel regional.
En Ecuador, señalado como un nuevo epicentro del narcotráfico, el presidente Daniel Noboa enfrenta el reto de implementar respuestas coordinadas a nivel regional. Según «The Economist», una posible solución es abrir el debate sobre la legalización de las drogas, una propuesta respaldada por la Comisión Global de Políticas sobre Drogas. Sin embargo, la efectividad de cualquier estrategia también depende de la independencia y eficiencia del sistema judicial. Sin un poder judicial capaz de operar sin influencias políticas o corrupciones, los esfuerzos internacionales y nacionales quedarán sin resultados efectivos. La implementación de reformas judiciales profundas y la inversión en la protección y formación de fiscales y jueces son esenciales para avanzar en la lucha contra el crimen organizado en la región.
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