La propuesta de reforma judicial en México plantea la elección de jueces directamente por la ciudadanía, lo que ha generado un intenso debate sobre su impacto en la democracia y la lucha contra la corrupción. Críticos argumentan que podría promover el favoritismo y politizar la justicia, mientras que defensores ven en ella una oportunidad para romper con el elitismo judicial y fortalecer el control ciudadano. El plan incluye también un Tribunal Disciplinario independiente, pero se advierte sobre posibles sesgos y la necesidad de un proceso de implementación cuidadoso para evitar cacerías de brujas y mantener la confianza en el sistema judicial. La reforma, impulsada por el presidente López Obrador y discutida en el contexto de su sucesión por Claudia Sheinbaum, refleja tensiones entre la urgencia de cambios inmediatos y la estabilidad económica y política a largo plazo.
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