La Unión Europea se enfrenta al desafío de adaptar sus políticas para hacer frente a las complejidades del crimen digital, centrando su atención en la protección de los derechos fundamentales. En un contexto donde la tecnología se ha convertido en un arma de doble filo, facilitando tanto el avance como la vulneración de los derechos humanos, la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido tomar cartas en el asunto.
La CPI ha anunciado su intención de investigar delitos habilitados por tecnología, amparándose en el Estatuto de Roma de 1989. En marzo de 2025, la Oficina del Fiscal (OTP) presentó un borrador de políticas que busca orientar estas investigaciones, abriendo un espacio para el comentario público.
Organizaciones de derechos digitales como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y Derechos Digitales han mostrado su apoyo al borrador. Subrayan la necesidad de que cualquier acción judicial en este ámbito respete escrupulosamente los derechos humanos. Entre estos derechos destacan la libertad de expresión, la privacidad —especialmente el cifrado como garantía esencial— y el derecho a un juicio justo.
Los delitos habilitados por tecnología son aquellos que se perpetran o facilitan mediante medios digitales. Incluyen desde ciberataques a infraestructuras críticas como hospitales, hasta la vigilancia digital que permite la persecución de minorías étnicas o religiosas. La OTP planea usar su autoridad bajo el Estatuto de Roma para investigar estos crímenes, con un enfoque que busca equilibrio entre la captación de evidencia y el respeto a los derechos fundamentales.
Por otro lado, respetar estándares de derechos humanos es crucial, especialmente cuando las operaciones de investigación pueden tener implicaciones intrusivas, afectando a inocentes. En este sentido, se espera que los estados y entidades privadas que colaboren se adhieran a directrices internacionales de derechos humanos.
Aunque no todos los delitos ocurren en línea, las actividades digitales pueden proporcionar evidencias cruciales sobre la intención o el contexto de violaciones. Así, los defensores de los derechos humanos insisten en que el uso de estas evidencias debe ajustarse a los más altos estándares de derechos humanos, permitiendo a activistas documentar y denunciar abusos sin temor.
En futuras discusiones, se espera un análisis más detallado del borrador, identificando fortalezas y áreas de mejora para asegurar que la política de la OTP sea efectiva y respetuosa con los derechos humanos.
