El jueves 13 de febrero de 2025 marcó un punto de inflexión en la historia política de México con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, capitaneada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Durante la sesión, el ministro señaló el declive progresivo del estado de derecho, merced a decisiones que, aunque justificables en su momento, han permitido la erosión jurídica y el desacato sistemático a las resoluciones judiciales. La sentencia, lejos de limitarse a cuestiones técnicas del poder judicial frente a los magistrados electorales, refleja una profunda crítica al entorno político en el que diversas autoridades han normalizado la intervención e invención de competencias, supeditando la ley a intereses políticos.
El panorama se suma a la tensión entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y jueces de distrito que otorgaron amparos contra la reforma judicial, y lo que el ministro Gutiérrez considera como el fin de una época con el actual gobierno al frente, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La referencia al actual régimen sugiere una concentración de poder sin precedentes reciente, despojando de fuerza a un Poder Judicial que ahora enfrenta un incierto futuro ante la influencia del partido gobernante, Morena. En medio de esta realidad, las acciones del gobierno sugieren un intento de controlar y redefinir el sistema judicial a su favor, proyectando el nacimiento de una nueva «familia judicial morenista», mientras los cárteles criminales parecen ser uno de los pocos grupos no afectados por este cambio de régimen. La capacidad de impartir justicia del nuevo régimen será puesta a prueba, y el temor de que se subordine a fines políticos permanece latente en un periodo de transición cuyo desenlace está aún por verse.
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