En Chile, la asistencia personal para personas con discapacidad es un servicio que ha sido fundamental para garantizar su autonomía y participación en la comunidad, según lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este apoyo, entregado anteriormente de manera directa por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) a través del Programa Tránsito a la Vida Independiente, ha sufrido un cambio significativo este año. Ahora, solo organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro pueden postular para ofrecer estos apoyos, lo que introduce la posibilidad de discrecionalidad y sesgos, y deja a las personas con discapacidad sin información clara sobre qué entidades participan o cuántos cupos están disponibles.
Este cambio refleja un problema más amplio en el país: la ausencia de una Política Nacional de Discapacidad, a pesar del mandato de la Ley 20.422. La tendencia hacia un sistema de acceso competitivo, basado en puntajes socioeconómicos, contraviene el principio de derechos garantizados. Además, la falta de consulta ciudadana contradice el principio internacional de «nada sobre nosotros sin nosotros», ignorando las opiniones de quienes se verán directamente afectados. A nivel regional, el caso chileno muestra una alarmante similitud con Argentina, donde un veto presidencial también amenaza los derechos de estas comunidades. Este escenario subraya la necesidad urgente de políticas inclusivas que no solo aborden los cuidados, sino que también garanticen el derecho a una vida independiente.
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