En 2026, España se encamina hacia un cambio significativo en su legislación tributaria, introduciendo una serie de modificaciones que afectarán a autónomos, empresas y contribuyentes en general. Uno de los cambios más destacados es el incremento del control sobre los pagos electrónicos, especialmente dentro del ámbito profesional. Las entidades financieras se verán obligadas a proporcionar información periódica a la Agencia Tributaria sobre los cobros que autónomos y empresarios reciben a través de plataformas como Bizum. Este control específico se centrará en los ingresos relacionados con actividades económicas, excluyendo movimientos personales entre particulares.

Por otro lado, la implementación del sistema Verifactu, que inicialmente se esperaba para 2026, ha sido pospuesta hasta 2027. Este sistema pretende asegurar que los programas de facturación generen registros verificables y estandarizados, dificultando así la manipulación de facturas. A pesar de este aplazamiento, la tendencia hacia la digitalización de la facturación y un control más automatizado continuará su curso, haciendo del 2026 un año ideal para que las empresas comiencen a adaptarse a estos cambios inminentes.

En cuanto a incentivos fiscales, se mantienen las deducciones por eficiencia energética en viviendas y por la adquisición de vehículos eléctricos, así como por la instalación de puntos de recarga. Estas medidas, que siguen vigentes, buscan promover tanto la rehabilitación energética de hogares como la transición hacia una movilidad más ecológica. Además, se ha simplificado el trámite al eliminar la obligación automática de declarar el IRPF para aquellos que perciben prestaciones por desempleo, siempre que no existan otras razones que lo ameriten.

La Agencia Tributaria, por su parte, fortalecerá su vigilancia a través de declaraciones informativas y realizando ajustes a varios modelos relacionados con el IVA. Este énfasis subraya la relevancia de cumplir con las obligaciones formales con precisión. En conjunto, las novedades introducidas para el año 2026 destacan un avance hacia una mayor digitalización, un incremento en el cruce de datos y una vigilancia detallada sobre ciertos sectores y obligaciones fiscales. En este contexto, los contribuyentes se beneficiarán adoptando una postura proactiva, revisando sus ingresos y buscando asesoramiento profesional cuando sea necesario. Este enfoque permitirá una mejor adaptación a las nuevas regulaciones y un cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias.