La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado al Tribunal Constitucional que otorgue el amparo al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra en el extranjero debido a una orden de detención nacional. Ambas instituciones critican la reciente decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación, argumentando que el alto tribunal no interpretó correctamente la norma y evitó su aplicación. En sus escritos, sostienen que la interpretación del Supremo es irrazonable y falta de justificación, lo que contraviene el artículo 24 de la Constitución, que garantiza un derecho a resoluciones jurídicas fundadas y sin arbitrariedades.
A medida que la situación avanza, la decisión del Tribunal Constitucional se encuentra a la espera de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales elevadas por los tribunales españoles. Un fallo pendiente de pronunciamiento, que se espera para marzo, podría influir en la resolución del Constitucional sobre el recurso de amparo de Puigdemont. Mientras tanto, el expresident permanece en el extranjero sin poder regresar a España, mientras el Tribunal Constitucional mantiene la orden de detención en su contra, reflejando la complejidad jurídica y política que rodea este caso.
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