La Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud ante el Tribunal de Bogotá para realizar audiencias de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior. La acusación se enfoca en su presunta implicación en una trama de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Según el ente acusador, ambos exfuncionarios, cercanos al presidente Gustavo Petro, deben ser detenidos preventivamente, ya que representan un peligro para la sociedad. Las imputaciones incluyen delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Este movimiento judicial también se sustenta en confesiones previas del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y otros implicados, quienes afirman que Bonilla y Velasco ordenaron desviar recursos hacia distintos congresistas a cambio de aprobar operaciones del Ministerio de Hacienda.
La defensa de Ricardo Bonilla ha respondido a las acusaciones, asegurando que el caso no se trata de manejos de dinero ilícito ni de comisiones pactadas por contratos. Su abogado, Mauricio Pava, afirmó que han recopilado pruebas suficientes para demostrar la inocencia de Bonilla, refutando así las imputaciones de la Fiscalía. Este nuevo capítulo en la investigación pone en el centro de atención a figuras destacadas del gobierno de Petro, aumentando la presión sobre la administración al verse implicadas en un complejo entramado de corrupción que involucra múltiples actores dentro y fuera del gobierno. La evolución de estas audiencias promete ser un punto crucial en la lucha contra la corrupción en Colombia, destacando la creciente vigilancia y escrutinio sobre las acciones de los funcionarios públicos.
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