La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han solicitado al juez Leopoldo Puente que decrete prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, debido al riesgo de fuga. Esta petición se realiza en el contexto de la investigación por presuntos amaños de contratos relacionados con el Ministerio de Transportes durante la gestión de Ábalos. En ocasiones anteriores, Puente ha rechazado las solicitudes de prisión preventiva, pero ya había advertido sobre un riesgo «creciente» de fuga a medida que se acerca la fecha del juicio. El caso involucra también al comisionista Víctor de Aldama, por su papel en una supuesta trama de corrupción vinculada a la compraventa de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García, mientras que las acusaciones populares, dirigidas por el PP, solicitan 30 años para ambos. Además, se demanda una multa superior a los 3,9 millones de euros y una indemnización conjunta para las empresas públicas afectadas. Durante la vista, tanto Ábalos como García negaron tener intenciones de fuga, argumentando su falta de recursos y la importancia de sus derechos políticos. Sin embargo, el fiscal Anticorrupción sostuvo que ningún poder político puede ser usado para eludir la justicia. Este caso, que ya ha llevado a prisión al único implicado, Santos Cerdán, se centra en cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, mientras Víctor de Aldama podría enfrentar una pena reducida por colaboración con la justicia.

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