La tecnología de reconocimiento facial (FRT) se encuentra bajo un intenso escrutinio en el sistema judicial de Estados Unidos, tras un reciente fallo del tribunal de apelaciones de Nueva Jersey. En junio de 2023, este tribunal determinó que los fiscales deben proporcionar detalles exhaustivos sobre el funcionamiento y las limitaciones de dicha tecnología en casos criminales, destacadamente en el caso State of New Jersey v. Arteaga. Aquí se argumentó que tanto los acusados como el público tienen derecho a entender cómo se emplea la FRT para identificar a los sospechosos.
Esta resolución enfatiza la importancia de garantizar el debido proceso, permitiendo a los acusados cuestionar la fiabilidad de la tecnología empleada en su contra. Se han planteado preocupaciones significativas sobre los algoritmos de reconocimiento facial, que han mostrado tasas de error particularmente altas en personas de color y personas trans y no binarias.
Recientemente, organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF), el Electronic Privacy Information Center (EPIC) y la National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL) volvieron a presentar un amicus brief en el caso State of New Jersey v. Miles. Este caso se centra en el uso de la FRT para identificar a un sospechoso y se desarrolla ante el Tribunal Supremo de Nueva Jersey, destacando la necesidad de transparencia en la aplicación de esta tecnología.
La divulgación de información sobre el modo de operación, la tasa de error y el origen del software de FRT es esencial no solo para proteger los derechos de los acusados, sino también para asegurar que las decisiones judiciales se basen en evidencias precisas. Las estadísticas indican que las búsquedas mediante FRT incrementan el riesgo de errores, pudiendo dar lugar a detenciones equivocadas, afectando especialmente a las comunidades vulnerables.
La transparencia en la aplicación de la FRT beneficia no solo a los acusados, sino también al público, que debe tener acceso a examinar las tecnologías que influyen en los procedimientos judiciales. Conforme a la Constitución de Nueva Jersey, el acceso a esta información promueve la supervisión del sistema judicial y fortalece la confianza en sus decisiones.
En un entorno donde las preocupaciones sobre los sesgos y errores de la FRT son crecientes, la demanda de responsabilidades se vuelve crucial para avanzar hacia un sistema judicial más justo y equitativo.
