La Fiscalía de Cantabria ha iniciado diligencias de investigación contra la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, por la autorización de la caza de 41 lobos en la región. La apertura de estas investigaciones se produce tras denuncias presentadas por Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que acusan a ambos funcionarios de prevaricación y de haber tomado decisiones contrarias a la ley vigente. Esto incluye la resolución que dictó el cupo de extracción de lobos, en un momento en que el Gobierno cántabro había modificado su estatus de protección en la legislación.
A pesar de las acusaciones, Susinos ha defendido la legalidad del plan de gestión del lobo en Cantabria, afirmando que está en línea con los fallos del Tribunal Supremo y que su administración seguirá adelante con el control de la población de lobos. La consejera subrayó la necesidad de continuar este control, enfatizando que los ataques a ganado han incrementado y son un problema real en la región. Asimismo, ha señalado que su objetivo es lograr una coexistencia entre las actividades humanas y la protección de la fauna, siempre siguiendo el marco legal establecido.
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