El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta una nueva acusación penal por parte de la Fiscalía General de la República, que lo implica a él y a seis colaboradores en supuestos esquemas ilegales de financiamiento durante su campaña electoral de 2022. Entre los acusados se encuentran el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, y el vicepresidente Stephan Brunner. La acusación apunta a estructuras que habrían operado fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y ahora la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si solicita a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero del mandatario. El caso ha intensificado las tensiones entre el gobierno de Chaves y el Poder Judicial, especialmente con la inminente campaña electoral de febrero de 2026.
Las acusaciones se centran en un “esquema oscuro” de financiamiento en el que se habrían manejado aproximadamente $500,000, según un informe del TSE de 2022, utilizado por la Fiscalía para fundamentar la investigación. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la diputada oficialista Pilar Cisneros desestimó las imputaciones y acusó al fiscal general Carlo Díaz de intentar perjudicar al movimiento «chavista». Mientras tanto, Chaves, que conserva un 50% de popularidad según encuestas recientes, evoca una confrontación constante con las élites institucionales, aunque la Presidencia ha catalogado el tema como un asunto personal del mandatario y no del gobierno en general.
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