La fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, se ha visto envuelta en una serie de amenazas luego de ser blanco de los seguidores del eurodiputado Luis Alvise Pérez, conocido por su agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF). Las tensiones se incrementaron después de que se difundiera una imagen de Gisbert en una cafetería compartida por Alvise en su canal de Telegram, que cuenta con una extensa audiencia. La imagen, supuestamente captada por la activista ultraderechista Cristina Seguí, fue utilizada para acusarla de connivencia con una periodista. Este acto provocó reacciones violentas en redes sociales, incluyendo amenazas de muerte y violación dirigidas tanto a Gisbert como a su hija, lo que llevó a la fiscal a interponer una denuncia formal contra el líder político por injurias y amenazas.

El caso ha escalado rápidamente y ahora está en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que evalúa la apertura de un proceso judicial contra Alvise. La fiscalía aboga por citar al eurodiputado a declarar y realizar una investigación más profunda en su canal de Telegram para determinar su grado de influencia sobre sus seguidores. Mientras tanto, Alvise enfrenta múltiples desafíos legales, incluidas acusaciones de financiación ilegal de su partido político y sanciones previas por violaciones a la privacidad. Estas se suman a otros casos polémicos, como su condena por difamación contra el exministro José Luis Ábalos y una multa de la Agencia Española de Protección de Datos por la difusión indebida de imágenes personales.

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