El fiscal García Ortiz se ha visto en la necesidad de reconstruir el uso de su teléfono móvil en medio de la investigación abierta por el Tribunal Supremo, que lo involucra en un presunto caso de revelación de secretos. La diligencia, impulsada en el marco de la causa, busca determinar el grado de participación y la posible responsabilidad del fiscal en la filtración de información confidencial. Para ello, García Ortiz ha colaborado con los investigadores, proporcionando voluntariamente un registro detallado de sus comunicaciones y uso del dispositivo durante el período cuestionado.
Esta situación ha generado una intensa expectación mediática y política, dado que se trata de un alto cargo dentro del sistema judicial español. El procedimiento del Supremo pone de relieve la importancia de la transparencia y la integridad de los funcionarios en la gestión de información sensible. Mientras las investigaciones siguen su curso, el entorno del fiscal mantiene una postura de prudencia, subrayando su confianza en que se esclarecerá su completa inocencia. Este caso subraya la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en el manejo de datos dentro de las instituciones judiciales para prevenir filtraciones que puedan comprometer procesos legales.
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