El mercado inmobiliario en España se encuentra en un momento crucial a medida que se prepara para la implementación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado para entrar en vigor en 2026. Este ambicioso proyecto busca abordar uno de los problemas más apremiantes del país: la necesidad de vivienda pública accesible. Sin embargo, las recientes cifras publicadas por la Intervención General de la Administración del Estado revelan una ejecución presupuestaria preocupantemente baja, con solo un 41,6% de los 4.175 millones de euros asignados al Ministerio de Vivienda para 2024 efectivamente utilizados.
Mercedes Blanco, directora ejecutiva de Vecinos Felices y miembro de la dirección de Fincas Blanco, ha alzado la voz respecto a la necesidad de una planificación presupuestaria más coherente y eficaz. Blanco sostiene que es imperativo no solo tener intenciones bien definidas, sino también implementar un plan de vivienda a largo plazo que cuente con un presupuesto transparente y estructurado. Este plan debería garantizar un mercado de alquiler accesible y sostenible, abordando así el déficit de viviendas a nivel nacional.
Entre las iniciativas más innovadoras del nuevo plan, destaca la creación de una empresa pública de vivienda prevista para el primer semestre del próximo año. Este nuevo organismo gestionará unas 30.000 viviendas del llamado ‘banco malo’, de las cuales 13.000 estarán disponibles de inmediato. No obstante, Blanco subraya que el verdadero éxito del plan dependerá de su capacidad para establecer una estrategia que contemple no solo los objetivos a corto plazo, sino también aquellos que se extienden al medio y largo plazo.
La planificación a futuro es fundamental para Blanco, quien señala la necesidad de adaptar las políticas a los cambios demográficos y sociales emergentes, como el aumento de familias monoparentales. También sugiere incrementar la edificabilidad y permitir la segregación de fincas para mejorar la densidad poblacional en áreas clave, además de desarrollar infraestructuras que faciliten el acceso a viviendas situadas hasta 50 kilómetros de las grandes ciudades.
En relación a los fondos destinados a programas como el Bono Alquiler Joven, que cuenta con 200 millones de euros aprobados desde octubre, Blanco destaca que aún no han sido utilizados por varias comunidades autónomas debido a la falta de convocatorias. Para ella, es esencial asegurar un mercado de alquiler sostenible, potencialmente a través de un aumento en las licencias para convertir locales comerciales en viviendas, un esfuerzo que no debería recaer exclusivamente en el sector privado.
Blanco concluye advirtiendo que si el sector público no asume su responsabilidad económica integralmente, las soluciones serán insuficientes y el problema estructural de la vivienda persistirá en España. Con el sector inmobiliario generando importantes ingresos fiscales, es fundamental que estos recursos se redistribuyan hacia políticas efectivas que promuevan el alquiler asequible y sostenible, garantizando así un futuro más equitativo y justo en el acceso a la vivienda.
