En un giro legal que promete intensificar el debate sobre los derechos laborales en España, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) ha presentado una querella criminal contra los artífices del reciente Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (2025-2028) y el nuevo Acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario. La organización sindical sostiene que estos acuerdos suponen un impacto devastador sobre la acción sindical y los derechos colectivos, en particular al limitar la capacidad de los trabajadores para protestar y organizarse.
La querella, que apunta a la comisión de varios delitos, entre los cuales se incluyen el atentado contra los derechos de los trabajadores, prevaricación y administración desleal, subraya la gravedad de las restricciones impuestas. En su epicentro se encuentra una cláusula que prohíbe a los sindicatos firmantes promover cualquier tipo de movilización durante la vigencia del convenio, condicionando, además, derechos laborales esenciales como el de la carrera profesional a la aceptación de estas condiciones. Esta medida, calificada por la FETAP-CGT como un ataque directo al derecho de huelga y la libertad sindical, revela, según sus palabras, un desequilibrio flagrante en la balanza de poder entre la Administración Pública y los trabajadores.
La FETAP-CGT, comprometida con la defensa de los derechos laborales, tiene planeado intensificar su batalla legal tras el receso navideño, mediante la impugnación de todos los artículos que vulneren derechos fundamentales a través de vías sociales y contencioso-administrativas. El objetivo central es asegurar el respeto a las normativas vigentes en la Constitución Española y en tratados internacionales que protegen libertades esenciales en el ámbito laboral.
En un alegato contra lo que consideran complicidad inaceptable, la FETAP-CGT ha criticado severamente a los sindicatos firmantes del convenio, señalando a CCOO, UGT, CSIF y CSIT por permitir acuerdos que, a su juicio, deterioran la legitimidad de su representación al aceptar cláusulas contrarias a regulaciones nacionales e internacionales, como los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ante esta coyuntura, la FETAP-CGT ha hecho un llamamiento a la unidad sindical y a la sociedad civil para rechazar aquellas prácticas que buscan desmovilizar la lucha sindical. Reiteran que su esfuerzo no cesará hasta que se restaure la capacidad de acción y organización de los trabajadores. La querella, presentada a las puertas de un 2025 que ya se vislumbra convulso en términos laborales, marca el inicio de un nuevo capítulo en la defensa de los derechos colectivos.
Fuente: CGT
