La Federación Española de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE) ha emitido una evaluación ambivalente respecto al recién promulgado Real Decreto 1155/2024, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. Aunque reconocen mejoras en la regulación de visados de estudio y en la validación de la docencia por instituciones acreditadas por el Instituto Cervantes, han señalado varios problemas que, consideran, podrían repercutir negativamente en el sistema educativo español, su imagen internacional y el control migratorio.
Uno de los aspectos más criticados es la falta de exigencia de requisitos lingüísticos para los estudiantes extranjeros que ingresan en la educación superior. FEDELE advierte que la ausencia de un nivel mínimo de español podría llevar a que alumnos sin suficiente preparación enfrenten dificultades académicas, afectando así la calidad del sistema universitario. La federación sugiere establecer un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, verificado a través de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes, similar a lo que ya implementan países como Alemania y el Reino Unido.
En el ámbito de la Formación Profesional (FP), FEDELE manifiesta preocupación por el ofrecimiento de programas anuales por parte de algunos centros privados, los cuales presentan controles de calidad y asistencia inadecuados. Según la federación, estos cursos se estarían utilizando como una vía fácil para la inmigración irregular, especialmente si se combinan con clases de español insuficientes, por lo que instan a cerrar este vacío legal para preservar la integridad del sistema educativo.
Otra controversia suscitada por el decreto es la exclusión de estudiantes menores de edad que desean realizar cursos de español en España. La normativa actual impide el acceso a aquellos que no han cumplido 18 años, ignorando las diferencias en los calendarios escolares internacionales. FEDELE sostiene que esto provoca desigualdades arbitrarias y afecta negativamente al turismo idiomático juvenil, un sector vital para numerosas escuelas de español.
La federación ha reafirmado su disposición a colaborar con las autoridades competentes para revisar y mejorar la normativa, con el objetivo de asegurar un marco legal que resguarde la calidad educativa, el prestigio del español como lengua internacional y el control migratorio.
