Familiares de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador han levantado la voz contra lo que describen como una injusta criminalización basada en tatuajes y cicatrices corporales. Estos migrantes, vinculados por las autoridades estadounidenses con la pandilla venezolana Tren de Aragua, han sido recluidos en una prisión de alta seguridad en cumplimiento de un acuerdo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Las familias de los afectados exigen el regreso seguro de sus parientes a Venezuela, argumentando que tener tatuajes no es evidencia de pertenencia a grupos delictivos. La madre de uno de los deportados subrayó que en la actualidad, los tatuajes son comunes y no constituyen prueba de criminalidad.
La deportación masiva se efectuó tras la activación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, enfocada en expulsar a presuntos miembros de pandillas, lo que llevó a muchos venezolanos a quedar atrapados en una situación legal complicada y angustiante en El Salvador. Familias del estado venezolano de Carabobo insisten en la inocencia de sus parientes y han utilizado las redes sociales para difundir su descontento y buscar apoyo internacional. La controversia ha incrementado la presión sobre el gobierno de Bukele, quien ahora enfrenta críticas por su participación en el acuerdo bilateral que ha retenido a estos migrantes en territorio salvadoreño.
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