En un sorprendente giro político, el gobierno ha anunciado un cambio radical en su política económica, que ha sido recibida con opiniones contrapuestas tanto por sectores empresariales como por la ciudadanía. Este nuevo enfoque incluye la implementación de medidas fiscales que buscan aumentar la recaudación a través de impuestos directos a las grandes corporaciones, así como incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas con el objetivo de dinamizar el mercado interno. El ministro de Economía ha defendido estas reformas argumentando que son necesarias para reducir la desigualdad económica y para fomentar un desarrollo sustentable. La oposición, por su parte, ha criticado las medidas por considerarlas un freno para la inversión extranjera y una amenaza al crecimiento económico.
La reacción del sector empresarial ha sido mixta: mientras algunos líderes empresariales aplauden la propuesta de apoyar a las pequeñas empresas, otros temen que la carga adicional sobre las grandes compañías disminuya su competitividad a nivel internacional. En las calles, la población se mantiene expectante ante este cambio, con una parte de los ciudadanos viendo con buenos ojos las reformas debido a sus potenciales beneficios sociales, mientras que otros se muestran escépticos sobre su implementación efectiva y las consecuencias a largo plazo. El gobierno ha iniciado una serie de foros de consulta pública para abordar las preocupaciones de diversos sectores y ajustar estas políticas en función de las recomendaciones recibidas, con la esperanza de calmar las aguas en medio de un panorama económico incierto.
Leer noticia completa en El Pais.
