El aumento significativo de las ausencias laborales por enfermedad en España se ha convertido en un asunto crítico tras la pandemia. En 2023, la Seguridad Social registró 8,1 millones de expedientes de incapacidad temporal, un incremento del 36% respecto a cinco años atrás. El coste de estas bajas médicas alcanzó los 14.000 millones de euros, casi duplicando los 7.500 millones desembolsados en 2018. Este panorama ha llevado al Gobierno, supervisado por la ministra Elma Saiz, a proponer una reforma que introduciría bajas «flexibles», permitiendo la reincorporación parcial de los trabajadores aún sin el alta médica plena. La propuesta, sin embargo, ha enfrentado resistencia de sectores gubernamentales, sindicatos y partidos de izquierda, quienes expresan su rechazo, aunque se ha puntualizado que tales reincorporaciones serían voluntarias y bajo estricta supervisión médica.
Este tenso contexto refleja un problema más amplio con la incapacidad temporal en el país. Expertos han indicado que el crecimiento del empleo, la saturación del sistema sanitario y el envejecimiento de la población trabajadora son factores clave que explican el agravamiento de esta situación. Mientras que los trabajadores protegidos han aumentado un 10,2% entre 2018 y 2023, las incapacidades temporales crecieron un 36%. Las listas de espera en la sanidad pública, que han provocado demoras en la atención médica, y el envejecimiento de la fuerza laboral son desafíos estructurales sin solución inmediata. Con el trasfondo de una creciente presión demográfica debido al envejecimiento de la generación del baby boom, se consolida la preocupación por el futuro de las prestaciones de incapacidad temporal y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
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