A pocos días de finalizar el plazo de la segunda licitación, Muface enfrenta un desafío crítico con la retirada de DKV, la segunda aseguradora que comunica su decisión de no continuar con la prestación de servicios de asistencia sanitaria para 1,5 millones de funcionarios. Siguiendo los pasos de Adeslas, esta salida deja a Asisa como la única posibilidad para mantener el concierto sanitario, lo que añade presión al proceso. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha intentado calmar a los funcionarios asegurando que la nueva licitación concluirá favorablemente, mientras sugiere que un debate sobre el futuro de Muface, considerada anticuada, es inevitable. En el horizonte se contempla la posible transición al sistema público de salud, una opción que suscita preocupación entre las comunidades autónomas debido al impacto en las listas de espera.
Mientras tanto, el gobierno ha decidido prorrogar el actual concierto por un máximo de tres meses, con un coste de 343 millones de euros, incluyendo un incremento del 19,37% en las primas. La segunda licitación, que eleva la prima un 33,5%, ofrece un negocio de 4.478 millones de euros a lo largo de tres años, lo que representa un aumento significativo respecto al periodo anterior. Asisa, que enfrenta sola este panorama, deberá decidir si participa, con la propuesta de que, de no hacerlo, podría considerarse una tercera licitación. Además, se especula con la llegada de un ‘caballero blanco’ que podría intervenir para salvar la situación.
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