La financiación autonómica sigue siendo un desafío crucial en España, especialmente en la Comunitat Valenciana, donde se percibe como una cuestión estructural que afecta el mismo ejercicio del autogobierno. La Constitución de 1978 no predetermina un modelo específico, dejando margen para reformas a través de leyes como la LOFCA. Sin embargo, las reformas históricas han respondido más a coyunturas políticas que a consensos estructurales. Cataluña, con su fuerte capacidad de presión, ha logrado reformas ventajosas, generando desequilibrios en el sistema. La nueva propuesta de singularidad financiera para Cataluña ha sido criticada por comprometer la cohesión del sistema y contradecir el principio de igualdad.
En contraste, la Comunitat Valenciana propone un enfoque más equitativo, buscando una financiación justa debido a su infrafinanciación estructural. Los datos señalan que el gasto público por habitante en la Comunitat es de los más bajos de España, exacerbando la necesidad de una reforma urgente. Mientras Cataluña enfrenta desafíos de gasto, la Comunitat Valenciana necesita recursos esenciales para servicios públicos básicos. La falta del Fondo de Liquidez Autonómico agrava su situación, destacando la necesidad de separar el debate de financiación de la inversión estatal. La reforma, urgente, debe garantizar suficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal. La ausencia de un mecanismo de compensación hasta la reforma del sistema ahonda la crisis financiera valenciana, evidenciando que esta no es solo una aspiración, sino una necesidad inminente.
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