El impulso hacia la digitalización de los procesos gubernamentales en América Latina está tomando fuerza, con iniciativas que buscan mejorar la eficiencia y transparencia en la administración pública. Sin embargo, este cambio no está exento de desafíos, ya que plantea riesgos potenciales para los derechos fundamentales de los ciudadanos y puede complicar el acceso a los servicios públicos, en particular para las comunidades más vulnerables.
La reciente aprobación de la Agenda Digital 2026 durante la IX Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en la región, representa un esfuerzo significativo para modernizar los servicios gubernamentales. Impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esta agenda busca, entre otros objetivos, el desarrollo de sistemas de identidad digital que faciliten el acceso a los servicios para promover la integración regional.
El reto, sin embargo, radica en equilibrar los avances tecnológicos con la protección de los derechos fundamentales. La eficiencia administrativa, muchas veces reducida a recortes presupuestarios, puede restringir el acceso público a ciertos servicios, afectando desproporcionadamente a aquellos menos favorecidos. La brecha digital sigue siendo un obstáculo enorme, ya que muchas personas aún enfrentan limitaciones en el acceso a la tecnología y en el conocimiento digital necesario para aprovechar estos nuevos sistemas.
En este contexto, la transparencia y la participación ciudadana son cruciales. La digitalización por sí sola no asegura una mayor rendición de cuentas gubernamental o una mayor participación ciudadana. Para que la transición digital sea verdaderamente inclusiva, es indispensable que los gobiernos fomenten un entorno donde los ciudadanos puedan participar activamente en el diseño e implementación de estas políticas.
Uno de los aspectos críticos en la implementación de estas tecnologías es el uso de la inteligencia artificial (IA). Costa Rica, por ejemplo, ha lanzado una innovadora estrategia nacional para utilizar IA en la mejora de servicios públicos. En Brasil, se han anunciado planes para proyectos de IA que prometen beneficios, pero que también plantean preocupaciones sobre el manejo seguro de datos personales.
Simultáneamente, se observan movimientos en el ámbito de la vigilancia estatal, donde Argentina ha promulgado regulaciones que permiten a las fuerzas de seguridad utilizar inteligencia artificial y herramientas de vigilancia cibernética. Esta situación genera inquietudes sobre posibles abusos de poder y la falta de transparencia en la aplicación de estas tecnologías de vigilancia.
Para asegurar que el avance digital no comprometa los derechos humanos, es esencial establecer marcos de responsabilidad robustos en el uso de la IA y otros sistemas algorítmicos. La promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en estos procesos es clave para mantener la confianza de la población.
En resumen, mientras América Latina progresa hacia una digitalización más amplia de sus gobiernos, es imperativo que este proceso se realice de manera inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. La sociedad civil debe seguir desempeñando un papel crucial en este proceso, garantizando que la tecnología empodere a los ciudadanos en lugar de crear barreras entre ellos y el Estado. El debate continuo sobre la implementación de tecnologías emergentes es fundamental para asegurar que estas herramientas se utilicen de manera ética y responsable, protegiendo siempre los derechos fundamentales de las personas.
