El mercado del alquiler en España enfrenta una creciente presión, exacerbada por la escasez de oferta y el aumento de precios en un contexto de incertidumbre económica. Esta situación ha dificultado a muchas familias encontrar vivienda, mientras que los propietarios buscan mayor seguridad en sus contratos. Recientemente, la propuesta de sancionar a una empresa del sector por prácticas abusivas ha resaltado la importancia de las obligaciones de arrendadores e inquilinos, así como los límites que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

En este marco, surgen interrogantes sobre qué gastos pueden repercutirse al inquilino, especialmente en relación con seguros de impago del alquiler. La LAU prohíbe que ciertos costos, como honorarios de intermediación, sean trasladados al inquilino, a menos que sean solicitados por él mismo. Especialistas advierten que cláusulas que obligan al arrendatario a pagar seguros son abusivas, como lo ha dictaminado un juzgado de Madrid. Desde la SEAG se promueve además la idea de que los propietarios asuman estos gastos, argumentando que, en caso de impago, estas garantías deberían estar a cargo de quien asume el riesgo, para evitar que el inquilino se vea sometido a una carga financiera excesiva.

Leer noticia completa en 20minutos.