Los 800 juzgadores federales cesados en México tras la reciente reforma judicial están en una situación de incertidumbre económica al no recibir sus liquidaciones estipuladas. La reforma, que introdujo un sistema judicial electo por voto popular, prometió respetar los derechos laborales de los trabajadores despedidos, asegurando un pago equivalente a tres meses de salario y otros beneficios. A pesar de ello, estos exfuncionarios, muchos con décadas de servicio, aún no han recibido compensación alguna, lo que ha afectado sus finanzas personales. La protesta reciente en Ciudad de México frente al Órgano de Administración Judicial (OAJ) visibilizó esta demanda, logrando ser atendidos por primera vez por los cinco integrantes del OAJ, quienes informaron que están realizando gestiones para obtener los fondos necesarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los recursos están garantizados, aunque aún no se han materializado los pagos. Las medidas adoptadas han dejado a muchos de los cesados en situaciones vulnerables, sin ingreso fijo y con restricciones laborales para buscar empleo en sus áreas previas, según explica Marlen Ángeles, una de las juezas afectadas. La falta de fondos se atribuye parcialmente a la transferencia de fideicomisos del extinto Consejo de la Judicatura a la Tesorería federal. Aunque el OAJ prometió resolver la situación antes del fin de año con ayuda de Hacienda, la incertidumbre persiste y la siguiente reunión para discutir el avance se ha fijado para el 12 de noviembre.

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