El nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, designado por el PP y Vox, ha iniciado su gestión con la destitución de Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación, y Teresa Climent, directora adjunta y de Asuntos Jurídicos. Ambos cargos, miembros del equipo del anterior director, Joan Llinares, fueron cesados el pasado 2 de septiembre. Las justificaciones presentadas para su remoción han sido interpretadas como críticas contundentes a la gestión previa del organismo. El tono de las acusaciones, percibido por algunos como humillante, expone una división interna en la agencia. Tanto Segura como Climent han interpuesto recursos de reposición, argumentando que las razones dadas para sus ceses son manipuladas y buscan desalojar a quienes compartían la visión de la gestión anterior.
El caso de Segura resulta especialmente relevante, ya que gestionaba informes periciales solicitados por juzgados y fiscalías, cruciales para casos de corrupción en la comunidad. En su recurso, denuncia que su cese se debe al desvío de recursos hacia colaboraciones con el poder judicial, a pesar de que dicha función está en línea con el mandato de la agencia. El cese de ambos directivos ha encendido el debate sobre la posible politización de la entidad, con Segura señalando que su salida refleja un intento de eliminar a aquellos involucrados en la etapa anterior. Por su parte, Climent considera que su desvinculación daña gravemente su integridad profesional, destacando su rol crucial en juicios emblemáticos contra la corrupción, como el caso contra el exconsejero del PP Rafael Blasco.
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