En un llamamiento urgente por parte del sindicato ANPE, principal fuerza sindical del profesorado de la enseñanza pública, se ha destacado la necesidad de avanzar hacia una verdadera inclusión educativa en España, en consonancia con los objetivos establecidos por la LOMLOE. Mientras que esta ley educativa pone un fuerte énfasis en la inclusión, ANPE subraya que se necesita una normativa básica estatal para garantizar que estas directrices se implementen de manera uniforme en todas las comunidades autónomas. Esta medida busca evitar desigualdades y asegurar que todos los centros educativos puedan atender la diversidad del alumnado de manera efectiva.

El sindicato recalca que la inclusión educativa no solo es fundamental, sino imprescindible para que todo el alumnado pueda superar sus barreras de aprendizaje. Para avanzar hacia este objetivo, ANPE ha propuesto un conjunto de medidas urgentes. Una de las principales es la reducción de las ratios máximas de alumnos por aula, especialmente en aquellas donde se integren estudiantes con necesidades educativas específicas. Además, enfatizan la necesidad de aumentar el personal docente para facilitar la codocencia, permitiendo así una enseñanza compartida que ofrezca una atención más personalizada dentro del aula.

Otro de los pilares en la propuesta de ANPE es el incremento de orientadores educativos, sugiriendo alinearse con la recomendación de la UNESCO de contar con un orientador por cada 250 alumnos. En la misma línea, propone aumentar el número de especialistas en inclusión, como maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, proporcionando criterios claros de dotación de plantilla y evitando que estos profesionales tengan que dividir su tiempo entre varios centros.

Asimismo, ANPE destaca la necesidad de otorgar más tiempo al profesorado para la coordinación y reducir la carga burocrática que enfrentan, permitiendo así una implementación más efectiva de la educación inclusiva.

El sindicato subraya que estas medidas deberían estar reflejadas en una regulación estatal mínima, la cual permitiría a las comunidades autónomas mejorar las condiciones, pero no recortarlas. ANPE insiste en que la inversión en recursos humanos y organizativos es esencial para garantizar una verdadera educación inclusiva y obtener los mejores resultados académicos, beneficiando a todos los alumnos, independientemente de sus barreras o potencialidades de aprendizaje.

Nota de prensa de ANPE.