El Ministerio de Justicia ha enviado un comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando un pronunciamiento sobre la huelga convocada por jueces para el 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas legales impulsadas por el Gobierno. Estas reformas incluyen cambios en el acceso a las carreras judiciales y ajustes al estatuto de la Fiscalía, que transferiría la instrucción de causas penales a los fiscales. El Ministerio, dirigido por Félix Bolaños, pregunta al Consejo si mantiene su postura de 2009, cuando declaró que el derecho a huelga de jueces y magistrados no estaba previsto por la ley. Además, insta al CGPJ a descontar la parte proporcional del sueldo de los jueces que participen en la huelga.
Las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las progresistas, promueven la huelga mientras el Consejo debate el derecho a huelga de los jueces. Los bloques progresistas y conservadores ofrecen posturas divergentes, pero coinciden en que el CGPJ carece de competencias para decidir sobre servicios mínimos. La controversia se centra también en la deducción salarial de los huelguistas, ya que una sentencia previa desautorizó al Ministerio a efectuar estos descuentos. El Gobierno insiste en que se tomen medidas para evitar que la huelga no tenga impactos económicos, exigiendo que el CGPJ informe sobre los jueces participantes para proceder con las deducciones correspondientes.
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