Un Real Decreto aprobado en octubre por el Consejo de Ministros permite a las empresas tabaqueras participar en la recogida y gestión de colillas de cigarrillos, planteando interrogantes y preocupaciones entre diversas organizaciones. El decreto, que se enmarca en el concepto de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), ha sido acusado de permitir que la industria tabacalera gestione la limpieza de sus residuos, lo que es visto como un potencial conflicto de intereses que podría influir negativamente en las políticas de salud pública. Esta medida ha sido denunciada por un grupo de 64 organizaciones, entre las que destacan Nofumadores.org y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, quienes han enviado una carta formal al Ministerio para la Transición Ecológica solicitando una revisión del decreto.
Las organizaciones argumentan que, aunque la industria tabacalera debe asumir el costo de limpiar los residuos que genera, su participación en la gestión de estos residuos podría permitirles mejorar su imagen y ganar influencia en las políticas de salud pública. Además, señalan que el decreto actual no contempla el adecuado control sobre los filtros biodegradables o eco filtros, que, aunque no contienen plástico, siguen siendo contaminantes. También subrayan el peligro que representan los vapeadores desechables debido a sus componentes tóxicos y de un solo uso. Las organizaciones reclaman que, como parte de los compromisos de España con el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, es fundamental que estas tareas no queden a discreción de las tabaqueras para evitar que se infiltre en decisiones que afecten directamente a la salud pública y ambiental.
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