En la convulsionada Europa Insumisa, llega un nuevo grito de indignación ante la alarmante crisis de derechos humanos en México. Los recientes asesinatos y desapariciones forzadas han encendido las alarmas entre organizaciones internacionales y movimientos sociales, que condenan la escalada de violencia contra quienes defienden el medio ambiente y los territorios.
El asesinato de Marco Antonio Suástegui, un prominente líder opositor a la presa La Parota, culminó tras un brutal ataque en la bahía de Acapulco. La protección prometida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se materializó, dejándolo vulnerable y solo al momento del ataque. Asimismo, el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo en Guadalajara suma más nombres a la interminable lista de víctimas de una violencia sistemática.
Michoacán recientemente denunció las acciones delictivas del Cartel Jalisco Nueva Generación, mientras que en Chiapas, dos tsotsiles zapatistas fueron detenidos sin que se conociera su paradero durante más de dos días, un hecho que agrava la desconfianza y el miedo en la región.
Estos sucesos ocurren en un contexto tenso donde el estado mexicano ha sido señalado por su complicidad con grupos armados. La narrativa oficial intenta minimizar la gravedad de una crisis que ha dejado al menos 127,000 personas desaparecidas, incluyendo migrantes de Centroamérica y el Caribe.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó abusos graves durante operativos de fuerzas mixtas en Oventik, Chiapas, llevados a cabo sin las debidas órdenes judiciales. Este ataque coincide peligrosamente con un reciente encuentro de resistencia convocado por el EZLN, donde se denunciaron amenazas por parte de grupos policiales.
Las autoridades mexicanas han sido instadas a detener esta guerra no declarada y a proteger los derechos de las comunidades y los defensores. En un país donde la tierra y los recursos se han convertido en moneda de control, la urgencia por un cambio es imperativa.
Organizaciones a nivel internacional han mostrado su solidaridad, firmando un llamado urgente para la liberación inmediata de los detenidos. La Unión Europea y grupos en América Latina han hecho eco de estas denuncias, exigiendo justicia y un cese a la represión.
El clamor es claro: México no debe ser un territorio de conquista. Las voces unidas de resistencia de todo el mundo insisten en que es hora de poner fin a esta violencia institucionalizada y dar paso a un país donde la lucha por la vida no sea motivo de muerte.
Fuente: CGT
