Carlos Fernández, exconcejal del Ayuntamiento de Marbella, ha regresado a España tras 19 años prófugo, gracias a un pacto con la Fiscalía que le evita la prisión. Condenado en 2013 por el caso Saqueo II, relacionado con la Operación Malaya, el acuerdo incluye el pago de una multa de 4.000 euros y una indemnización de 258.000 euros, más intereses, al consistorio marbellí. A pesar de haber abonado ya estas cantidades al municipio, el Ayuntamiento alega que los intereses adicionales de 3.500 euros son insuficientes y planea reclamar una cifra mayor en los juzgados.
Fernández, vinculado políticamente a Jesús Gil y al Partido Andalucista, fue acusado de cohecho pasivo al recibir presuntamente 150.000 euros de Juan Antonio Roca, líder de la trama corrupta. Tras su huida en 2006, recorrió varios países de Sudamérica hasta finalmente ser arrestado brevemente en Argentina en 2017. Las autoridades locales subrayan que la indemnización por daños se remonta a hechos de los años 90 y buscan asegurar que todos los intereses acumulados hasta ahora sean debidamente calculados y pagados. Mientras tanto, el entorno de Fernández insiste en que el pago ya se ha cumplido y que cualquier disputa sobre los intereses está en manos de la justicia.
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